ESPAÑA ha sido demandada ante los tribunales de la Unión Europea por no haber completado todavía la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE en lo que se refiere a contabilización de consumos individuales de calefacción y, concretamente, los repartidores de costes para calefacciones centralizadas con distribución por columnas.