Desde el colectivo de empresas instaladoras, representado por FENIE y CONAIF, y después de haber analizado las medidas propuestas por el Gobierno en el Real decreto Ley 8/2020, consideran que se debería tener en cuenta las medidas propuestas desde el colectivo para garantizar la continuidad laboral y económica de las empresas instaladoras durante el estado de alarma causado por el COVID-19.
FENIE y CONAIF representan a cerca de 40.000 empresas instaladoras que dan trabajo a más de 300.000 profesionales, lo que supone una parte fundamental del tejido empresarial de este país y un gran volumen de negocio, por lo que el número de empresas afectadas es significativamente alto.