La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023. Con ella se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblowing.

El objetivo fundamental de la Ley es facilitar la comunicación de infracciones, mediante la obligación para las empresas con una determinada plantilla de implantar un sistema de información de infracciones y la garantía de la protección de los informantes de infracciones normativas.

Con esta ley se pretende amparar a los ciudadanos que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Por tanto, se prohíben las represalias contra el denunciante y se protege.

Estarán obligados a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley, entre otros sujetos, las personas jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores. También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Las empresas deberán dar publicidad, visibilidad y accesibilidad máximas a ese sistema interno de información.

El plazo para la implantación del sistema para las empresas de más de 249 trabajadores es de 3 meses desde el 13 de marzo, hasta el 13 de junio; y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Se establece un régimen sancionador con multas que van desde los 1.000e hasta el 1.000.000€, además de la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante el plazo máximo de 4 años, o la prohibición de contratar con el sector público durante el plazo máximo de 3 años.