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El Consejo ha adoptado hoy su posición (‘mandato de negociación’) sobre la directiva propuesta para empoderar a los consumidores para la transición verde, que tiene como objetivo mejorar los derechos de los consumidores mediante la modificación de la directiva sobre prácticas comerciales desleales (UCPD) y la directiva sobre derechos de los consumidores (CRD). . La posición del Consejo refuerza los derechos de los consumidores, prohíbe las afirmaciones ambientales genéricas e introduce un formato gráfico armonizado de la Unión Europea para ayudar a los consumidores a reconocer las garantías comerciales de durabilidad.
«La transición verde es un esfuerzo colectivo, y el papel del comportamiento de los consumidores será primordial. Queremos estar seguros de que los consumidores estén equipados para desempeñar ese papel con información confiable, protección contra publicidad engañosa y formas más fáciles de reciclar o reparar. »
Erik Slottner, Ministro de Administración Pública de Suecia
Protección contra prácticas desleales
Si bien muchos consumidores desean contribuir a la economía circular comprando productos más sostenibles, a menudo se enfrentan a prácticas comerciales desleales , como afirmaciones «verdes» engañosas o productos que se rompen antes de lo esperado o que son demasiado difíciles o costosos de reparar. Al abordar estos problemas, la posición del Consejo refuerza el derecho de los consumidores a la información, permitiéndoles ser actores activos en la transición verde.
En el mandato de negociación aprobado, el Consejo propone prohibir afirmaciones ambientales genéricas como ‘ecológico’, ‘verde’ o ‘climáticamente neutral’. A los productores ya no se les permitiría publicitar sus productos, procesos o negocios en términos tan generales si las afirmaciones no pueden corroborarse mediante un esquema de certificación de acceso público.
Para permitir una mejor comparación de productos y reducir la confusión del consumidor, en el futuro solo se permitirán las etiquetas de sostenibilidad basadas en esquemas de certificación oficiales o registradas como marcas de certificación o establecidas por autoridades públicas.
Estas medidas están relacionadas con la información sobre la durabilidad y reparabilidad del producto, o los métodos utilizados por los comerciantes para comparar la sostenibilidad de los productos que venden.
La propuesta de la Comisión amplía el anexo de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales que enumera las prácticas comerciales que se prohibirán en todas las circunstancias, denominadas «lista negra» .
Se considera una práctica comercial desleal que los comerciantes no informen a los consumidores cuando un bien tiene una vida útil limitada o contiene una característica introducida para limitar su durabilidad. También se debe advertir a los consumidores si el bien está diseñado para no ser compatible con consumibles, repuestos o accesorios proporcionados por terceros. También estará prohibido presentar los bienes como reparables cuando no lo sean.
Hacer cumplir los derechos del consumidor
En las modificaciones de la directiva sobre los derechos de los consumidores, la propuesta de la Comisión introdujo una garantía comercial de durabilidad para los productores. Es decir, un compromiso por parte del productor de que el bien mantendrá ciertas funciones o desempeños durante un período indicado. El Consejo propone la creación de un formato gráfico armonizado para informar claramente a los consumidores sobre tales garantías de durabilidad para bienes específicos. Esto proporcionará un logotipo visual único para que los consumidores en el mercado interior identifiquen los bienes que están cubiertos por estas garantías.
El texto de compromiso también obliga a los comerciantes a otorgar el derecho de información para productos que contengan elementos digitales . Por ejemplo, para los productos en los que se proporcionan actualizaciones de software, se debe informar a los consumidores durante cuánto tiempo pueden beneficiarse de estas actualizaciones.
Transposición
Para dar tiempo suficiente a los estados miembros para adaptar los cambios en la legislación, la posición del Consejo amplía el período de transposición de 18 a 24 meses.
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