El Gobierno aprueba el PERTE de Economía Circular para acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas

“Una economía eficiente en el uso de recursos fortalece nuestra autonomía estratégica y reduce la vulnerabilidad ante las crisis globales”, ha subrayado la vicepresidenta Teresa Ribera

El proyecto fija ayudas de 492 millones de euros y movilizará recursos superiores a los 1.200 millones hasta 2026 para alargar el ciclo de vida útil de bienes y productos, y reducir la huella ecológica de la economía española

Las ayudas impulsarán el ecodiseño, la reutilización y gestión de residuos, y la digitalización en el ámbito de la empresa para mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en cualquier sector

Los sectores textil-moda, plástico y bienes de equipo para renovables, claves por su intensa generación de residuos y oportunidades de valorización, centrarán el grueso de las subvenciones

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO), ha aprobado a principios de Marzo el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, un plan destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas que pretende dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030 y posicionar a España como referente internacional en la gestión, reciclaje y reutilización de residuos. El PERTE de Economía Circular busca asímismo incrementar la competitivad de los sectores industriales y la empresa en general, y asegurar una mayor autonomía estratégica del país en un contexto de alta incertidumbre internacional.

   Sobre este aspecto ha incidido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Este PERTE contribuirá de manera decisiva a los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la autonomía estratégica de España en cuanto a disponibilidad de materias primas y reduce nuestra vulnerabilidad ante las crisis globales”, ha señalado.

La Economía Circular supone un  cambio de paradigma de producción y consumo en el que materiales y recursos se mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible, se reducen al mínimo los residuos generados y se valorizan aquellos que son inevitables recuperando sus componentes para volver a introducirlos en el ciclo productivo. En ese sentido, la vicepresidenta Ribera ha subrayado que “el actual modelo económico de crecimiento lineal es insostenible. España no es ajena a esta realidad y por ello trabajamos en la búsqueda de soluciones integrales que cuenten con participación de todos los actores”.

AVANZAR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

De este modo, el PERTE apuesta por los tres objetivos fundamentales para el avance de la Economía Circular en la industria española: el fomento del ecodiseño de los productos para hacerlos más duraderos y reparables desde su mismo origen, reduciendo los residuos; la mejora de la gestión de residuos mediante plantas de tratamiento que incrementen la reutilización, el reciclado y la incorporación de materias primas recuperadas en la producción de nuevos bienes. Y el impulso de la digitalización vinculada a ambos objetivos, que permitirá mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en cualquier sector.

Para lograr estos objetivos, el PERTE fija ayudas de 492 millones de euros y movilizará recursos superiores a los 1.200 millones entre inversión pública y privada que se desarrollarán desde este año y hasta 2026. En esta línea, el plan se compone de 18 instrumentos distribuidos en dos líneas de acción: actuaciones en sectores claves, que cuenta con una presupuesto de 300 milllones y actuaciones transversales para impulsar la economía circular en la empresa, dotada con 192 millones.

UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL

Debido a la propia naturaleza transversal que caracteriza a la economía circular, una de las dos líneas de acción del PERTE está específicamente dirigida en los procesos productivos. Incorpora un programa de ayudas para el impulso de la economía circular en el ámbito de la empresa, con el objetivo de mejorar la competitividad y la innovación del tejido industrial y se distribuirá en cuatro categorías: reducción del consumo de materias primas vírgenes; ecodiseño; gestión de residuos y digitalización.

Las medidas contempladas en el plan se encuadran principalmente en la componente 12 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, van más allá y permean otros componentes del plan generando sinergias con otros PERTE en ámbitos como la construcción; la agricultura, la ganadería y la pesca; la gestión hídrica; la energía y las renovables; el turismo o la recapacitación, la formación profesional y el empleo verde.

Esta línea activará ayudas a las empresas por valor de 100 millones de euros en una primera convocatoria, ampliables en 92 millones adicionales en función de la acogida y demanda.

IMPULSO A LA CIRCULARIDAD EN SECTORES ESTRATÉGICOS

La otra línea de actuación, financiada con 300 millones de euros, es un instrumento diseñado para impulsar la implantación de esquemas circulares en nuestro país, en particular en tres industrias específicas que abordan serios retos de sostenibilidad: la textil-moda, la del plástico y la de las energías renovables.

En estos tres sectores confluyen un elevado nivel de implantación en nuestro país, grandes expectativas de crecimiento potencial con la generación de un elevado volumen de residuos y la necesidad de dar un mayor impulso a la circularidad.

Por otro lado, las dificultades en el acceso a la tecnología necesaria, junto al elevado coste que hoy en día caracteriza los procesos precisos para la reutilización y el tratamiento de sus residuos, hace imprescindible el apoyo público a proyectos que promuevan esta transformación, complementando así los esfuerzos empresariales en este ámbito. Las ayudas sumarán 100 millones por cada uno de estos sectores.

TEXTIL Y MODA

El sector textil, uno de los de mayor importancia en nuestro país, plantea retos ambientales debido al impacto que provoca su modelo de producción y consumo rápidos. Para mejorar su competitividad a nivel internacional y ofrecer al consumidor productos textiles seguros, de alta calidad y asequibles, el PERTE actuará para incorporar al sector materias primas con bajo impacto, invertirá en tecnologías e infraestructuras que faciliten la reutilización y el reciclaje e impulsará medidas para mejorar la trazabilidad de productos y materiales.

SECTOR DEL PLÁSTICO

Por su parte, el sector del plástico está comprometido en la búsqueda de alternativas eficientes para el reciclaje y la valorización de sus residuos, debido a los elevados impactos medioambientales derivados de su abandono, a las exigencias cada vez más altas en las tasas de reciclado o a la necesidad de satisfacer la demanda de materias primas de calidad para el sector alimentario. Es por esto que el PERTE contempla medidas como fomentar el ecodiseño, promover el impulso de envases reutilizables y pontenciar el reciclado mecánico y químico.

BIENES DE EQUIPO PARA ENERGÍAS RENOVABLES

En cuanto a las energías renovables, el despliegue que está viviendo el sector en la actualidad exige gestionar los residuos generados por estas tecnologías cuando las instalaciones llegan al final de su vida útil. Componentes como las palas de los aerogeneradores eólicos, paneles fotovoltaicos o baterías de almacenamiento deberán integrarse en un esquema de producción y reutilización circular, en coherencia con el liderazgo de nuestro país en la generación de energía de fuentes renovables. Por ello, el plan fomentará el ecodiseño de estos productos asociados al sector de la energía limpia, así como el desarrollo de instalaciones y sistemas que permitan incrementar la reutilización y el reciclaje de estos productos.

Además, en lo tocante a las baterías, el PERTE permitirán financiar instalaciones de tratamiento, inexistentes hoy en España, que faciliten la recuperación de materiales valiosos como el litio o el ión litio, y también el desarrollo de sistemas para implementar la segunda vida de las baterías procedentes de la movilidad eléctrica que pueden emplearse para otros usos.

CLAVE EN LA RECUPERACIÓN

La economía circular será una de las claves de la reactivación en España, favoreciendo nuevos nichos de empleo y aportando resiliencia al aliviar la dependencia de nuestra economía del exterior en un momento de incertidumbres en la disponibilidad de materias primas y otros insumos.

Se calcula que la aplicación de los principios de circularidad a toda la economía de la Unión Europea podría aumentar el PIB comunitario en un 0,5% adicional de aquí a 2030 y crear unos 700.000 nuevos puestos de trabajos de los que al menos un 10% podrían ser españoles.

Desde el primer momento, la economía circular ha constituido una de las grandes apuestas del Gobierno de España. Por eso, adoptó en junio de 2020 la Estrategia Española de Economía Circular –España Circular 2030, un esquema que marca objetivos cuantitativos para alcanzar un nuevo modelo de producción sostenible ambiental y económicamente.

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El Gobierno aprueba la Hoja de Ruta del Biogás

Prevé multiplicar por 3,8 la producción actual de biogás hasta 2030, reforzando la economía circular y fijando población en el ámbito rural, gracias al crecimiento de la cadena de valor empresarial

Plantea la creación de garantías de origen para el gas de origen renovable, ya en tramitación, y la posibilidad de fijar objetivos y cuotas de suministro o uso para desarrollar el mercado

El MITECO ya ha activado una línea de ayudas de 150 millones para proyectos singulares de biogás con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado esta semana la Hoja de Ruta del biogás, disponible aquí, que identifica los retos y oportunidades del desarrollo de este gas de origen renovable y plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh.

Enfocada en la valorización de residuos (agropecuarios, industrias agroalimentarias, municipales y lodos de depuradora), impulsará el aprovechamiento del biogás por dos grandes vías: la producción de electricidad y calor útil –sobre todo para la industria–, y su utilización como biocombustible sostenible en movilidad. Se encuentra en tramitación una orden ministerial con las bases reguladoras para repartir ayudas por 150 millones de euros.

Este desarrollo del biogás, particularmente importante en el actual contexto europeo, permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. También servirá para reducir la dependencia energética y reforzar la economía circular, y fijará población rural, gracias al crecimiento de su amplia cadena de valor empresarial.

El uso en el transporte facilitará cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, de alcanzar una cuota de energía renovable del 28% en 2030, así como los hitos europeos de penetración de biocarburantes avanzados, que deberán llegar al 3,5% del total ese mismo año.

 

GARANTÍAS DE ORIGEN Y OBJETIVOS DE VENTA Y CONSUMO

Para dinamizar el mercado del biogás, la Hoja de Ruta contempla 45 medidas concretas en cinco ejes de actuación:

  1. Instrumentos regulatorios. Se establece la creación de un sistema de garantías de origen, similar al de la electricidad renovable, para que los consumidores puedan distinguir el biogás del gas fósil convencional, poniendo en valor su origen renovable; un real decreto en tramitación contempla dicho sistema. También incluye la agilización y homogeneización de los procedimientos administrativos y la mejora de la normativa sobre residuos, para facilitar la obtención del gas renovable y el uso posterior del digerido resultante tras el proceso anaeróbico, principalmente como fertilizante.

  1. Instrumentos sectoriales. Destaca la posibilidad de establecer objetivos anuales de penetración en la venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento; además, se propone fomentar su producción en zonas con abundante materia prima –donde haya explotaciones ganaderas, industria agroalimentaria o plantas de tratamiento de residuos–, junto con medidas para promover el consumo in situ, en flotas de vehículos, en usos térmicos, en la producción de hidrógeno, y la sustitución en general del gas de origen fósil, siempre que sea económicamente viable.

  1. Instrumentos económicos. Destinar líneas de ayuda existentes para financiar la innovación y el desarrollo tecnológico del biogás y aprovechar el impulso que puede proporcionar al sector el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye ayudas al biogás.

  1. Instrumentos transversales. Buscan priorizar los proyectos de biogás en zonas de transición justa, introducirlo en pliegos de contratos públicos, divulgar sus ventajas, crear comunidades energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación.

  1. Impulso de la I+D+i. Mediante el fomento a la investigación para reducir las emisiones de gases contaminantes, el impulso a proyectos de demostración de la utlización de biogás en la industria, o la promoción de la innovación en tecnologías menos maduras, entre otros.

 

EL BIOGÁS, UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA

El despliegue del biogás es una de las medidas recogidas en el PNIEC. Además, se incluye en el PRTR, dotado de los fondos europeos Next Generation, y forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).

En concreto, dentro de la componente 7 del PRTR, para el ‘Despliegue e integración de energías renovables’, se van a lanzar próximamente las primeras ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás que contribuyan a descarbonizar distintos sectores de la economía. Estas instalaciones podrán ser de digestión anaerobia; para la producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración, o producción de biometano; o instalaciones para tratamiento del digerido. Está previsto destinar un presupuesto de 150 millones para el impulso del biogás. El Proyecto de Orden por el que se regulan las bases de estas ayudas se encuentra actualmente en fase de tramitación.

Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y contribuyen a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables propuestos para España en el año 2030. Asimismo, el despliegue del biogás presenta numerosos beneficios medioambientales y permite crear sinergias con las industrias locales mediante su uso en localizaciones cercanas a su producción.

Este carácter estratégico se ha visto reforzado por la coyuntura internacional, el conflicto en Ucrania y la escalada de precios del gas de origen fósil, tal y como demuestra la reciente Comunicación de la Comisión «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible», que contempla incrementar la ambición de los objetivos del paquete «Fit for 55» para los gases renovables producidos a partir de fuentes de biomasa sostenibles, en particular los desechos y residuos agrícolas.

Por ello, la Hoja de Ruta del Biogás contribuye a conseguir objetivos planteados en políticas transversales del Gobierno de España, como el desarrollo de la economía circular, el reto demográfico y la transición energética justa e inclusiva.

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El Gobierno lanza el programa Kit Digital para invertir más de 3.000 millones de euros en la digitalización de las pymes y autónomos

25 DE NOVIEMBRE DE 2021

  • El programa proporcionará a las empresas un bono de digitalización que podrán utilizar para comprar soluciones digitales ya disponibles en el mercado en ámbitos como la elaboración y gestión de páginas web, presencia en internet, comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad, gestión de proveedores y oficina digital
  • Hasta 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas, segmentadas por tamaño de empresa, para acceder a bonos de digitalización. La primera, con una inversión de 500 millones de euros, irá dirigida a pymes de entre 10 y 49 trabajadores
  • En los próximos días se lanzará una invitación a los agentes digitalizadores para poder disponer de las ofertas de soluciones de digitalización para las empresas
  • Las empresas interesadas pueden acceder a toda la información y recibir asesoramiento en la web www.acelerapyme.es, en el teléfono 900 909 001, o presencialmente en las Oficinas AceleraPyme distribuidas por toda la geografía española.
  • El programa Kit Digital se enmarca dentro del Plan de Recuperación, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y la Agenda España Digital 2025, y tiene por objeto mejorar el nivel de digitalización del tejido productivo con el fin de aumentar la escala de las empresas y su productividad, impulsar la internacionalización y la creación de empleo de calidad
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado hoy el Kit Digital, el programa de ayudas del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno para promover la digitalización de pymes y autónomos, que contribuirá a modernizar el tejido productivo español, un plan que fue avanzado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El programa está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y tiene el objetivo de digitalizar a de pymes y autónomos en todo el territorio nacional.
El Kit Digital nace para apoyar la transformación digital de pequeñas empresas, microempresas y autónomos y acompañarles en la adopción de soluciones digitales que aumenten su nivel de madurez digital. Un programa enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes​.
“El futuro de nuestras pymes y autónomos se escribe en clave digital. El objetivo es claro: aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación para dotar a nuestras pymes y autónomos de las herramientas digitales que necesitan para aumentar su escala, acceder a nuevos mercados y desarrollar todo su potencial”, ha señalado la vicepresidenta primera.
Tras la publicación en los próximos días de la orden de bases, que recogerá el funcionamiento del programa, saldrá una invitación pública para que los agentes digitalizadores puedan unirse al programa y ofertar sus soluciones.
Posteriormente, durante el período 2021-2023, se lanzarán varias convocatorias de ayudas dirigidas a los diferentes segmentos de pymes y autónomos. La primera convocatoria de ayudas, con una inversió​n de 500 millones de euros, irá dirigida a pymes de entre 10 y 49 trabajadores.
Asesoramiento en el proceso de digitalización
Para acceder a las soluciones digitales personalizadas, las empresas interesadas deberán comprobar primero su nivel de digitalización a través de un ‘test de autodiagnóstico’, puesto a su disposición en la plataforma AceleraPyme. También pueden acceder a toda la información y recibir asesoramiento en el teléfono 900 909 001, o presencialmente en las Oficinas AceleraPyme distribuidas por toda la geografía española.
Las empresas que accedan a este programa a través de la convocatoria pública recibirán un bono digital que identificará la cuantía económica que dispondrán para utilizar en las soluciones digitales que mejor se adapten a sus necesidades. Estas soluciones digitales se podrán elegir de un amplio catálogo. Se han identificado inicialmente diez categorías:
  • Presencia en internet y sitio web: creación de una página web para la pyme y/o prestación de servicios para dar visibilidad a la misma en los principales sitios de Internet.
  • Comercio electrónico: creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
  • Gestión de redes sociales: promocionar la pyme en redes sociales.
  • Gestión de clientes y/o proveedores: digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
  • Business Intelligence y analítica: explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso de toma de decisiones.
  • Servicios y herramientas de oficina virtual: implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabajadores de la pyme.
  • Gestión de procesos: digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados con los aspectos operativos o productivos de la pyme.
  • Factura electrónica: digitalizar el flujo de emisión de facturas entre la pyme y sus clientes
  • Comunicaciones seguras: proporcionar a las pymes seguridad en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la empresa.
  • Ciberseguridad: proporcionar a las pymes seguridad básica y avanzada para los dispositivos de sus empleados
Una iniciativa con interés
​Para articular la iniciativa del Kit Digital se lanzó una Manifestación de Interés el pasado mes de abril que recibió más de 900 propuestas, el 74% provenían de empresas y, de éstas, un 90% eran pymes. Estos datos reflejan la conciencia sobre la importancia de la digitalización en el ámbito de las pymes.

El Gobierno eleva el Salario Mínimo Interprofesional a 965 euros y prorroga los ERTE hasta el 28 de febrero

La Moncloa, Madrid – Martes 28 de septiembre de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado aumentar hasta los 965 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el 1 de septiembre de 2021.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que el objetivo es que, al final de la legislatura, en 2023, el SMI alcance el 60% del salario medio en España, cumpliendo así con la Carta Social Europea.

Esta senda comenzó en 2019 con la primera subida, de un 22,3%, hasta los 900 euros. En 2020 y 2021, se fijó en 950 euros y ahora se incrementa otros 15 euros. En total, el SMI ha subido 229 euros desde 2019, un 31%.

Hasta la fecha, ha continuado Díaz, la subida ha supuesto la reducción de la brecha de género en dos puntos y que mujeres y jóvenes, los más afectados por perfiles salariales bajos, hayan visto mejoradas sus rentas: «Subir el SMI no es hablar de economía financiera ni paraísos fiscales, es hablar de pequeñas rentas que se van a aplicar en nuestros barrios y que van a llegar a la gente normal y a la economía real, y por eso es tan importante».

La vicepresidenta ha sostenido que no se puede hablar de recuperación justa sin este compromiso social con los trabajadores, «que dieron lo mejor de sí mismos durante la pandemia», y ha mostrado su satisfacción por que este Gobierno salga de la crisis subiendo los salarios, y no bajándolos como se hizo en la crisis financiera y económica anterior. España, ha asegurado Díaz, está a la vanguardia en la Unión Europea.

En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado que trabajará para lograr que la Directiva Europea que se está negociando al respecto pueda salir adelante y ha considerado que el nuevo gobierno alemán puede ser clave en esta nueva política social europea.

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El Gobierno presenta un sistema único de Formación Profesional que conecta la formación con el empleo

Consejo de Ministros

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La Moncloa, Madrid, martes 15 de junio de 2021

El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

Consejo de Ministros

01/06/2021

La norma establece la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética y actualiza las obligaciones de los promotores y propietarios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética

Este cambio normativo responde a la adecuación de la normativa española al objetivo de descarbonización a 2050 y tiene como objetivo la mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del PNIEC y del Plan de Recuperación

El Certificado de Eficiencia Energética recoge la información más relevante sobre la situación energética de los edificios y juega un papel clave para mejorar la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha aprobado este martes el Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Este cambio normativo actualiza las condiciones técnicas y administrativas del proceso para la certificación energética de los edificios y responde a la adecuación de la normativa española a las nuevas necesidades y retos adquiridos para alcanzar el objetivo de descarbonización a 2050.

El Certificado de Eficiencia Energética recoge la información más relevante sobre la situación energética de cada inmueble y desempeña un papel estratégico en la mejora de la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento, elementos clave para evaluar la toma de decisiones que afecten al edificio.

Este Real Decreto regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética, así como la documentación exigible para tramitar la certificación energética de los edificios. Además, fija el contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Energética y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia energética de los edificios.

La norma, que adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la Directiva 2018/844, actualiza las obligaciones de los promotores y los propietarios de edificios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética, tanto en relación con los proyectos de edificación como con las obras terminadas.

MAYOR EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTROL

El Real Decreto promueve la activación de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1.200.000 viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.

Al mismo tiempo, este cambio normativo será clave para la promoción y puesta en marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, a través de las actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y modernización de la Administración Pública contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La aprobación de esta norma también tiene el objetivo de mejorar la transparencia en la información a compradores y usuarios mediante el Certificado de Eficiencia Energética de edificios y el nuevo Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética, que recogerá la información remitida por las comunidades autónomas en esta materia.

De igual manera, se incorporan mejoras en aspectos de digitalización y acceso de la información relativa a la energía edificatoria, dinamizando y permitiendo impulsar las actuaciones de rehabilitación energética de los edificios.

Asimismo, este Real Decreto actualizará los mecanismos de seguimiento y control por parte de las administraciones públicas, agentes del sector y usuarios, a través de la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA

La aprobación de este Real Decreto amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética. De esta manera, aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo deberán tener su Certificado de Eficiencia Energética.

Lo mismo ocurre con los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a 250 m2, independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo. Se trata de una medida que supera los mínimos exigidos a nivel comunitario, en línea con el compromiso de la Administración Pública con la eficiencia energética de los edificios.

A su vez, aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años también estarán obligados a disponer de esta certificación de eficiencia energética.

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS           

La aplicación del Real Decreto regula las visitas presenciales de los técnicos competentes, que deberán revisar al menos una vez cada edificio para verificar las condiciones de eficiencia energética para emitir el certificado.

La nueva norma distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética. Además, se establece también la obligación, tanto de particulares como de empresas, de mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.

Documentos

Agilización de la acreditación de competencias profesionales

El Gobierno ha acordado abrir un procedimiento de carácter permanente para evaluar y acreditar las competencias profesionales que una persona haya adquirido a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

La portavoz ha recordado que casi la mitad de la población activa española no tiene un reconocimiento formal de sus competencias profesionales, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario. En los últimos 10 años, ha añadido, solo se acreditaron las de 300.000 trabajadores.

Con la medida impulsada hoy, el Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé acreditar las competencias de más de tres millones de personas hasta 2024. Cualquier persona podrá solicitar su acreditación siempre y cuando justifique al menos tres años de trabajo en la competencia que quiere acreditar o un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los 15 años previos a la presentación de la solicitud.

Montero ha subrayado que el sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda obtener el título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad referido a las unidades de competencias reconocidas.

Hacienda aprueba la Orden que establece el fraccionamiento en seis meses del pago del IRPF para afectados por ERTE en 2020

Miércoles 7 de abril de 2021

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una Orden del Ministerio de Hacienda que permite que los contribuyentes afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) puedan fraccionar el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta orden, que entra en vigor hoy mismo, permitirá el fraccionamiento en seis meses del pago de la deuda tributaria derivada de la presentación de la Declaración de la Renta correspondiente al pasado ejercicio, en el caso de que ésta resulte a ingresar, tanto en los casos de tributación individual como conjunta.

Este fraccionamiento, que tiene un carácter voluntario, pretende minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos.

De manera habitual, todos los contribuyentes a los que su declaración les sale a pagar tienen dos plazos para hacerlo: el primero, al finalizar la campaña de Renta, y el segundo, en noviembre. Con esta medida se introduce una mayor flexibilidad para poder hacer frente a sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

De esta forma, el pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en seis fracciones, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. No se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía.

La Orden ministerial se publica el mismo día en el que arranca la Campaña de Renta 2020, que comienza este 7 de abril y se prolonga hasta el 30 de junio de 2021.

Medidas tributarias para atenuar el impacto de la pandemia

El Gobierno adopta esta medida extraordinaria ante la situación también excepcional generada por la pandemia. En cualquier caso, hay que recordar que el hecho de tener dos o más pagadores puede afectar al resultado de la declaración anual del impuesto en función de las retenciones practicadas, pero en ningún caso implica que se tribute más por IRPF.

La posibilidad de fraccionar el pago del IRPF se une a otras iniciativas similares adoptadas a lo largo del último año para atenuar en el ámbito tributario el impacto de la pandemia. Estas medidas benefician especialmente a los grupos más vulnerables de la economía, como pymes y autónomos, y también a sectores particularmente castigados por la COVID-19, como el sector turístico, la hostelería y el comercio.

Los agentes sociales ratifican el acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género propuesto por el Ministerio de Inclusión

Martes 16 de febrero de 2021

El nuevo complemento supone un pago de casi 400 euros al año por hijo y podrán solicitarlo tanto hombres como mujeres. Se trata del primer acuerdo consensuado en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con los líderes de los agentes sociales: los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Por parte del Ministerio de Inclusión, han acudido a la cita el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela Armesto.

Antes de la reunión, los interlocutores sociales han ratificado el acuerdo sobre el nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero. El ministro Escrivá ha subrayado la importancia de este consenso ya que «ha sido el primer acuerdo en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado otoño», siguiendo lo indicado por la recomendación número 17.

El nuevo complemento parte de la necesidad de hacer de ésta una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres y sustituye al anterior complemento de maternidad que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015, que establecía un suplemento sólo para las mujeres a partir del segundo hijo. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019, asunto WA).

El complemento para reducir la brecha de género supondrá una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero (hasta un máximo de cuatro). La cuantía se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones y no computa a efectos de complemento a mínimos ni como tope de la pensión. Además, se contempla que el beneficiario pueda ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo o hija. En el caso de no hacerlo, el complemento será para la mujer o para el progenitor con menor pensión si son del mismo sexo.

Tendrá un mayor alcance que el anterior complemento de maternidad, ya que se concederá a partir del primer hijo y no del segundo como sucedía antes. El ministro Escrivá ha explicado que esta ampliación «responde a los datos que tenemos en la Seguridad Social, que muestran cómo la brecha de género se abre con el nacimiento del primer hijo y se mantiene luego durante toda la vida laboral». La ampliación a partir del primer hijo eleva en unas 30.000 personas al año los potenciales perceptores del complemento para reducir la brecha de género.

También mejora el alcance respecto al complemento anterior, ya que se reconocerá en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo en la jubilación parcial.

El ministro Escrivá ha subrayado también que el nuevo complemento tendrá un mayor beneficio para las personas que perciben pensiones más bajas. De hecho, el 75% de las mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una cuantía más elevada de la que percibirían con la normativa anterior y la mejora es especialmente acentuada en las personas con pensiones más bajas.

Tras la ratificación del acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género, el ministro Escrivá ha mantenido una reunión con los agentes sociales en la que han comentado el calendario para llevar las recomendaciones sobre las pensiones del Pacto de Toledo a la mesa de diálogo social y posteriormente al Parlamento. El ministro ha puesto en valor el diálogo social en materia de pensiones, destacando la importancia de que el consenso logrado en el Congreso de los Diputados sobre las nuevas recomendaciones (que solo tuvieron dos votos en contra) se traslade también a la mesa con los interlocutores sociales.

Aprobada la Estrategia de Almacenamiento Energético, clave para garantizar la seguridad del suministro y precios más bajos de la energía

El desarrollo de esta tecnología respaldará el despliegue renovable, aportando flexibilidad al sistema y estabilidad a la red

La Estrategia contempla disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20 GW en 2030 y alcanzar los 30 GW en 2050, considerando tanto almacenamiento a gran escala como distribuido

El documento identifica y analiza los retos, define las medidas para su efectivo despliegue, evalúa las oportunidades y cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del sistema energético

El despliegue del almacenamiento brinda oportunidades relativas a generación de empleo, transición justa, recuperación económica y creación de nuevos modelos de negocio a lo largo de toda la cadena de valor

Estas tecnologías tienen aplicación en sectores como el de la movilidad eléctrica, la edificación o la industria, y favorecen el desarrollo de nuevos modelos de negocio como los agregadores independientes o las comunidades de energías renovables, que impulsan el papel activo de los consumidores

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el 09/02/2021 la Estrategia de Almacenamiento Energético, que respaldará el despliegue de energías renovables y será clave para garantizar la seguridad, calidad, sostenibilidad y economía del suministro.

Los sistemas de almacenamiento energético son clave para garantizar la transición a una economía neutra en emisiones y la efectiva integración de las energías renovables en el sistema, ya que permiten guardar la energía en los momentos en que hay excedente para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso o la demanda es elevada.

“Esta Estrategia nos coloca al frente de lo que se está haciendo en Europa. España es una isla energética, lo que nos obliga a tener que adelantarnos para cumplir nuestro compromiso con la neutralidad climática”, ha señalado Ribera.

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