El Gobierno destinará más de 1.500 millones al impulso del hidrógeno renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación

Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España

19/11/2020

  • El desarrollo del hidrógeno ‘verde’ es decisivo para alcanzar la neutralidad climática y será una palanca clave en la reactivación económica
  • Por sus recursos naturales y cadena de valor, España se posiciona para ser un país líder en el despliegue del hidrógeno renovable en la UE
  • El MITECO ha lanzado a través de su página web un Call for Interest –manifestación de interés– que permitirá identificar los proyectos asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde el I+D+i hasta su uso final

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha celebrado hoy la jornada: “El Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España”, para analizar las oportunidades que supone el desarrollo de esta tecnología, que será clave para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, incentivar la creación de cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, impulsar el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido.

El hidrógeno renovable es un instrumento necesario para la descarbonización de la economía, especialmente en aquellos sectores de difícil electrificación, donde no hay soluciones eficientes o técnicamente viables, así como en la descarbonización de los sistemas energéticos aislados, con especial atención a los territorios insulares.

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El MITECO ha puesto en marcha, desde el 1 de octubre, un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID 19

Medidas y cómo solicitarlas

06/11/2020

Desde el inicio de la pandemia, el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas de protección y acompañamiento para las familias, con especial atención a los más vulnerables

Con el objetivo de continuar ampliando estas medidas de acompañamiento, desde el pasado 1 de octubre rige un nuevo supuesto que amplía la condición de consumidor vulnerable

Está prohibido el corte de suministro a los beneficiarios del bono social en determinados supuestos, como es el caso de que haya menores, dependientes o personas con discapacidad en el hogar

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha, desde el 1 de octubre, un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID 19

 

«Este Gobierno cuenta ya con mecanismos que garantizan la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables. Haremos un esfuerzo por facilitar el reconocimiento de esa condición y poner a su alcance todos los elementos de protección», ha destacado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

 

Desde la declaración del Estado de Alarma hasta el 30 de septiembre se prohibieron los cortes de luz, gas y agua en todos los hogares, se extendió la prórroga del bono social eléctrico -un descuento directo en la factura de la electricidad dirigido a consumidores vulnerables- y se flexibilizó la gestión de los suministros

 

A partir del 1 de octubre, con el objeto de continuar ampliando estas medidas de acompañamiento y proteger a aquellas personas que como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 se encuentren en situación de vulnerabilidad, se crea un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y, con ello, dar acceso a estas personas al bono social eléctrico.

 

La principal novedad de este nuevo supuesto es que basta con una declaración responsable del titular para acceder a la prestación. Esto facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del bono social de forma inmediata.

 

La medida se prolongará hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, el Gobierno dispondrá de los datos de renta correspondientes a 2020 y no será necesaria la declaración responsable, pudiendo los usuarios acceder al bono social en los supuestos que ya existen.

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20.11.06 Protección consumidor

El Gobierno aprueba el Real Decreto de subastas para aprovechar todo el potencial de las energías renovables en la reactivación económica

Consejo de Ministros

03/11/2020

El nuevo marco permite trasladar de forma directa a todos los consumidores, desde el consumidor doméstico al industrial, los ahorros que implica la producción renovable

Mediante orden ministerial se recogerá una previsión de calendario de celebración de subastas, que comprenderá un periodo mínimo de cinco años y que incluirá plazos indicativos, la frecuencia de las subastas, la capacidad esperada y las tecnologías previstas, en su caso

El nuevo marco retributivo estará destinado a nueva potencia renovable, permitirá la hibridación entre tecnologías y será compatible con el almacenamiento

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se regula el nuevo régimen económico de energías renovables para instalaciones de generación eléctrica. El texto establece un nuevo marco para futuras instalaciones renovables que se desarrollará mediante subastas. En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.

El nuevo marco retributivo, que el Real Decreto denomina Régimen Económico de Energías Renovables (REER), estará destinado a nueva potencia renovable y permitirá la hibridación entre tecnologías, la ampliación y modificación de instalaciones existentes y será compatible con el almacenamiento.

El texto desarrolla el Real Decreto-ley 23/2020, de medidas en materia de energía para la reactivación económica, aprobado en Consejo de Ministros de 23 de junio. Responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.

El nuevo REER resulta además indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos han sido planificados en el Plan Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.

Las energías renovables no solo son la alternativa energética más limpia, y por tanto clave para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, sino que también constituyen la forma de generación eléctrica de menor coste. España cuenta con gran potencial renovable, tanto en horas de viento como de insolación, y un tejido empresarial consolidado que dispone de tecnologías maduras y otras en fases de desarrollo muy avanzado.

Así, se estima que hasta el 90% de los componentes de los aerogeneradores, el 60% de los proyectos fotovoltaicos o el 80% de los termosolares son de fabricación nacional, por lo que la norma tendrá un impacto muy positivo sobre la cadena de valor industrial y el empleo nacional.

PRODUCTO SUBASTADO

El desarrollo del nuevo marco retributivo se realizará mediante subastas que se ajustarán a los principios de transparencia, eficacia, proporcionalidad, objetividad y eficiencia. Antes de la celebración de una subasta, se establecerá el cupo de energía y/o potencia máxima que se subasta. Cada subasta se realizará a sobre cerrado y adjudicará el producto subastado a las ofertas de menor cuantía hasta alcanzar el cupo establecido.

El precio para cada adjudicatario coincidirá con el precio por el que pujó (“pay-as-bid”, por su denominación en inglés) y no será objeto de actualización.

Además, en las subastas se podrá distinguir por tecnologías de producción en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización geográfica, madurez tecnológica, tamaño o componente innovador, entre otros factores.

El proyecto de Real Decreto también permite que, en la convocatoria de la subasta, se establezcan criterios adicionales orientados a que determinados proyectos con características específicas, como pueden ser los de reducido tamaño, los proyectos de demostración y los de comunidades energéticas, puedan competir en igualdad de condiciones. También será posible habilitar un proceso de adhesión al resultado de la subasta, con un precio de adjudicación calculado a partir de los resultados, para instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración.

En la orden por la que se regule el mecanismo de subasta se podrán establecer hitos de control intermedios para verificar el cumplimiento del compromiso de generación de energía que asumen las instalaciones adjudicatarias de la subasta.

UN CALENDARIO DE SUBASTAS PREVISIBLE

El Real Decreto establece, asimismo, el sistema de convocatoria de las subastas. En primer término, y mediante orden ministerial, se regulará el mecanismo de subasta, pudiendo incluir entre otros aspectos, las tecnologías, condiciones y garantías para participar en la subasta, el producto a subastar, así como los parámetros y resto de elementos que configuran y concretan el Régimen Económico de Energías Renovables.

Por otro lado, y al objeto de favorecer la previsibilidad de las subastas, y también mediante orden ministerial, se recogerá una previsión de calendario de celebración de subastas, que comprenderá un periodo mínimo de cinco años y que incluirá plazos indicativos, la frecuencia de las subastas, la capacidad esperada y las tecnologías previstas, en su caso. Dicho calendario se actualizará, al menos, anualmente y estará orientado a la consecución de los objetivos de producción renovable establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Las subastas desarrolladas al amparo de cada orden ministerial se convocarán mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Energía, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

PRECIO DE LA SUBASTA Y PARTICIPACIÓN EN MERCADO

Las instalaciones beneficiarias del Régimen Económico de Energías Renovables  participarán en el mercado diario e intradiario y percibirán, por la energía vendida en dichos mercados, el precio fijado en la subasta, corregido, en su caso, por la exposición a mercado que sea de aplicación, hasta un volumen de energía determinado y para un plazo máximo establecido.

La orden podrá adaptar el mecanismo de retribución para su aplicación en las instalaciones de almacenamiento.

Alternativamente, se puede establecer que el precio resultado de la subasta sea corregido con incentivos de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de las instalaciones al mercado eléctrico. Con ello, se puede fomentar, por ejemplo, que oferte su energía en las horas más caras del mercado, lo cual permite desplazar a otras formas de generación con precios más elevados. Con esta medida, también se puede favorecer la instalación de plantas capaces de desplazar su producción a determinadas horas, como son aquellas que cuenten con almacenamiento. En su caso, este porcentaje de corrección sobre el precio fijado en la subasta se definirá en cada convocatoria, con un valor que siempre estará comprendido entre 0 y 0,5.

Por último, las instalaciones adjudicatarias podrán participar en los servicios de ajuste y de balance, donde cobrarán el precio del mercado de dichos servicios.

REGISTRO

La norma también regula el procedimiento para la inscripción de las instalaciones adjudicatarias en el Registro Electrónico del Régimen Económico de Energías Renovables, así como la garantía económica que deben presentar, cuyo importe concreto se especificará en la orden que regule el procedimiento de subasta. Inicialmente, los adjudicatarios serán inscritos “en estado de preasignación” y, una vez hayan comenzado a vender energía en el mercado, pasarán a figurar “en estado de explotación”.

La potencia inscrita en el registro en estado de explotación se corresponderá con la potencia realmente instalada, pudiendo ser superior a la potencia inscrita en estado de preasignación.

En la normativa reguladora de subastas se podrán establecer mecanismos mediante los que acreditar la madurez de las instalaciones con carácter previo a la inscripción en el registro electrónico en cualquiera de los dos estados.

El desistimiento en la construcción de la instalación o el incumplimiento de los requisitos establecidos en la subasta supondrá la ejecución de la garantía y la pérdida del derecho al régimen retributivo.

La tramitación de este real decreto se ha realizado por el procedimiento de urgencia, en virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio.

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20201103 RD subastas

El Gobierno aprueba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050

Consejo de Ministros

03/11/2020

La ruta establecida en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050) permitirá reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990. El 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono

Se trata de un documento estratégico que muestra las múltiples oportunidades para la creación de empleo y el crecimiento económico. Presenta un escenario basado en la tecnología y el conocimiento disponible, y ofrece las grandes señales para la inversión

La ELP 2050 marca una ruta que permitirá un consumo final de energía plenamente renovable a mediados de siglo, lo que aumentará la competitividad de la economía española y generará efectos positivos en salud, biodiversidad y adaptación al cambio climático

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy la “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” (ELP 2050). Este documento responde a los compromisos de España como Estado miembro de la Unión Europea y con el Acuerdo de París, y marca la senda para lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia económica y de generación de empleo.

La ELP se alinea con el aumento de ambición climática a nivel internacional liderado por la Unión Europea, que aspira a ser el primer continente neutro en emisiones en 2050. La Comisión Europea apuesta por incrementar el objetivo europeo de reducción de emisiones a 2030, pasando de al menos un 40% respecto a 1990 a un mínimo de un 55%. Esta decisión es respaldada por España: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó una declaración conjunta junto a los presidentes y primeros ministros de otros 11 Estados miembro para reclamar este aumento de ambición.

COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

La Estrategia a Largo Plazo muestra una senda hacia la descarbonización que servirá de guía para orientar las inversiones en los próximos años, apuntalando el compromiso del Gobierno con el cambio de modelo hacia una economía libre de emisiones. La senda presentada en la Estrategia orientará la movilización de inversiones para la recuperación.

El documento permitirá que España reduzca, no más tarde de 2050, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 90% respecto a 1990. Esto implica reducir las emisiones de CO2 desde las 334 millones de toneladas equivalentes (MtCO2eq) emitidas en 2018 a un máximo de 29 MtCO2eq emitidas en 2050. El 10% restante de las emisiones será absorbido por los sumideros de carbono, que serán capaces de captar unas 37 MtCO2eq a mediados de siglo, lo que supone alcanzar la neutralidad climática.

La ELP se configura como una pieza esencial que completa el Marco de Energía y Clima del Gobierno junto al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Pobreza Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, en especial, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030). El documento es coherente con este marco y lo completa, continuando la senda iniciada por el PNIEC y desarrollando la trayectoria y las vías para lograr los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

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El Gobierno autoriza la convocatoria de ayudas por 12 millones de euros para financiar proyectos renovables innovadores en Galicia

Consejo de Ministros

03/11/2020

La convocatoria, que gestionará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, apoyará proyectos de generación eléctrica

A la hora de valorar los proyectos, y en concierto con la Comunidad Autónoma de Galicia, se han establecido criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, la generación de empleo, la innovación y la lucha contra la pobreza energética, entre otros

Estas ayudas forman parte del paquete dotado inicialmente con 316 millones de euros y se unen a las ya aprobadas para otras 12 regiones

Permitirá movilizar una inversión privada adicional de al menos 33,64 millones, generando empleo local; y eliminará más de 25.190 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq. CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una convocatoria de ayudas de 12 millones de euros para apoyar la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en Galicia, lo que movilizará una inversión privada adicional de al menos 33,64 millones, generando empleo local; y eliminará más de 25.190 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq. CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

El pasado 10 de septiembre, el Instituto realizó el primer reparto territorial, distribuyendo 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones: Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. Como continuación de este primer paquete de ayudas, el 23 de septiembre se asignaron otros 24 millones de euros para apoyar iniciativas en cinco regiones –Aragón, Cantabria, Comunitat Valenciana, La Rioja y Melilla. Finalmente, el pasado 28 de octubre se aprobaron otros 8 millones de euros para producción térmica con energías renovables con energías renovables en Galicia que se ve complementada con esta nueva convocatoria para generación eléctrica.

El IDAE continuará trabajando con las regiones para aprobar, lo antes posible, el resto de convocatorias hasta completar la dotación inicial del paquete de ayudas, de 316 millones de euros. En total, se estima que esta nueva convocatoria supondrá un aumento de capacidad de 28,53 megavatios (MW) en proyectos renovables de generación eléctrica.

En la Comunidad Autónoma de Galicia las ayudas supondrán una apuesta importante por el impulso a las energías renovables eléctricas en el sectores de automoción, forestal y maderera, turismo y electrointensiva, con partidas específicas que permitirán el desarrollo de proyectos como instalaciones de generación y aprovechamiento de biogás agroindustrial o industrial, instalaciones fotovoltaicas, reservando parte para su desarrollo en islas, en los sectores público o privado o instalaciones eólicas, destacando la innovación y el desarrollo de potencia renovable vinculada al almacenamiento o la producción de hidrógeno y las aplicaciones en autoconsumo.

El programa puede ser cofinanciado por Fondos de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y podrá ser reforzado con otros instrumentos europeos dirigidos a impulsar la recuperación económica. Además, esta línea podrá ser complementada con los fondos previstos por la Unión Europea para la reactivación económica frente al COVID-19.

ACTIVACIÓN DE INVERSIONES

Se prevé que, en conjunto, esta convocatoria movilice al menos 33,6 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de al menos 25.193 t eq CO2/año, en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por tecnologías, y de acuerdo con el reparto inicial acordado con la Comunidad Autónoma de Galicia, esta tanda de convocatorias se distribuirá de la siguiente manera. Los importes finales asignados a cada tecnología pueden variar en función de la demanda para cada tecnología en el proceso de concurrencia competitiva:

Tipo de actuaciónEncabezado tabla Total tecnología eléctrica (€)Encabezado tabla
Biogás agroindustrial o industrial 500.000
Biomasa 500.000
Eólica 2.000.000
Fotovoltaica 9.000.000
Total 12.000.000

CRITERIOS DE TRANSICIÓN JUSTA Y RETO DEMOGRÁFICO

Una vez acordado el reparto entre tecnologías, corresponde a IDAE realizar la correspondiente convocatoria de ayudas, que se otorgarán mediante un régimen de concurrencia competitiva. Las autoridades regionales han definido las tipologías de tecnología específicas elegibles, adaptadas a las necesidades de la región.

A la hora de valorar los proyectos, y también en concierto con las regiones, se han establecido criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, la generación de empleo, innovación, lucha contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos locales o apoyo a la participación ciudadana, como el impulso a las comunidades energéticas, en el sistema energético.

Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

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El Gobierno aprueba la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”

El hidrógeno verde será clave para que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050

El despliegue del hidrógeno verde incentivará el desarrollo de cadenas de valor industriales innovadoras en nuestro país generando empleo y actividad económica, lo que contribuirá a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido

La Hoja de Ruta incluye objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores. Se incorpora un hito intermedio para 2024: contar con una potencia instalada de entre 300 y 600 MW

La Hoja de Ruta prevé una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2

El documento también analiza el potencial del hidrógeno entre 2030 y 2050 y concluye que España tiene la capacidad de crear un proyecto país alrededor del hidrógeno renovable, que impulse la industria nacional, el conocimiento tecnológico y la creación de empleo. Esto afianzará el papel de liderazgo en la generación de energía renovable

06/10/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”. Con esta planificación, el Gobierno impulsa el despliegue de este vector energético sostenible, que será clave para que España alcance la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050. El desarrollo del hidrógeno renovable incentivará la creación de cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido.

El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales –alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno– a 2030. Entre otros, 4 gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto.

La consecución de los objetivos a 2030 que refleja la Hoja de Ruta facilitarán posibilitará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO(CO2eq).

Por último, la Hoja de Ruta anticipa una visión de cuál será el papel del hidrógeno en las siguientes tres décadas, en las que España busca liderar un proyecto país hacia una economía descarbonizada, de manera que se fomente la cadena de valor innovadora, el conocimiento aplicado de la industria, el desarrollo de proyectos piloto a lo largo del territorio nacional y el apoyo a las zonas de transición justa.

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REAL DECRETO LEY QUE REGULA EL TRABAJO A DISTANCIA

El acuerdo sobre trabajo a distancia, fue alcanzado en la tarde del Lunes 21 entre el Gobierno, CEOE y Sindicatos.
El Acuerdo ha sido ratificado por el Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido en la mañana de ayer Martes con carácter extraordinario, y fue aprobado en el Consejo de Ministros de ayer como Real Decreto-ley para su posterior tramitación como proyecto de Ley ordinaria en el parlamento.

NOTA CONSEJO DE MINISTROS 22/09/2020

El Real Decreto Ley que regulará el trabajo a distancia, una norma fruto del acuerdo del Diálogo Social, y que sitúa a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación de una forma de organización del trabajo cuyo protagonismo se ha revelado esencial durante la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid 19. El Real Decreto Ley otorga a las personas trabajadoras a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo de personas trabajadoras y personas empleadoras.

Se entenderá como trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

El Real Decreto Ley se basa, ha recordado, en la «voluntariedad» para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que deberá formalizarse por escrito, registrarse en la oficina de empleo y entregarse a la representación legal de las personas trabajadoras.

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia, que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

A lo largo de la norma, el papel de la negociación colectiva se refuerza, con remisiones expresas tan importantes como la regulación del ejercicio de la reversibilidad (vuelta al trabajo presencial tras acordar el trabajo a distancia) por las partes, el derecho a la desconexión, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante este modelo organizativo, una duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia.

El texto del Real Decreto Ley contempla los principales derechos de la trabajadora y del trabajador a distancia, tales como el derecho al abono y compensación de gastos. La persona trabajadora no asumirá ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Además, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios en los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva. El trabajo a distancia, implantado excepcionalmente por la emergencia sanitaria, también obliga a las empresas a dotar de medios, equipos y herramientas, así como al mantenimiento. La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados de esta forma de trabajo a distancia.

Se regula, así mismo, el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el momento de inicio y finalización de la jornada; y el derecho a la prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos que deberá tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, en especial factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará derecho a la intimidad y a la protección de datos, así como el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo.

La ley no será de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica. Hasta que se apruebe esa normativa específica, se mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas lo previsto por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Texto DS Anteproyecto Trabajo a Distancia (1)