El Gobierno eleva el Salario Mínimo Interprofesional a 965 euros y prorroga los ERTE hasta el 28 de febrero

La Moncloa, Madrid – Martes 28 de septiembre de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado aumentar hasta los 965 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el 1 de septiembre de 2021.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que el objetivo es que, al final de la legislatura, en 2023, el SMI alcance el 60% del salario medio en España, cumpliendo así con la Carta Social Europea.

Esta senda comenzó en 2019 con la primera subida, de un 22,3%, hasta los 900 euros. En 2020 y 2021, se fijó en 950 euros y ahora se incrementa otros 15 euros. En total, el SMI ha subido 229 euros desde 2019, un 31%.

Hasta la fecha, ha continuado Díaz, la subida ha supuesto la reducción de la brecha de género en dos puntos y que mujeres y jóvenes, los más afectados por perfiles salariales bajos, hayan visto mejoradas sus rentas: «Subir el SMI no es hablar de economía financiera ni paraísos fiscales, es hablar de pequeñas rentas que se van a aplicar en nuestros barrios y que van a llegar a la gente normal y a la economía real, y por eso es tan importante».

La vicepresidenta ha sostenido que no se puede hablar de recuperación justa sin este compromiso social con los trabajadores, «que dieron lo mejor de sí mismos durante la pandemia», y ha mostrado su satisfacción por que este Gobierno salga de la crisis subiendo los salarios, y no bajándolos como se hizo en la crisis financiera y económica anterior. España, ha asegurado Díaz, está a la vanguardia en la Unión Europea.

En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado que trabajará para lograr que la Directiva Europea que se está negociando al respecto pueda salir adelante y ha considerado que el nuevo gobierno alemán puede ser clave en esta nueva política social europea.

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El Gobierno presenta un sistema único de Formación Profesional que conecta la formación con el empleo

Consejo de Ministros

El Gobierno presenta un sistema único de Formación Profesional que conecta la formación con el empleo

La Moncloa, Madrid, martes 15 de junio de 2021

El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

Consejo de Ministros

01/06/2021

La norma establece la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética y actualiza las obligaciones de los promotores y propietarios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética

Este cambio normativo responde a la adecuación de la normativa española al objetivo de descarbonización a 2050 y tiene como objetivo la mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del PNIEC y del Plan de Recuperación

El Certificado de Eficiencia Energética recoge la información más relevante sobre la situación energética de los edificios y juega un papel clave para mejorar la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha aprobado este martes el Real Decreto que establece el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Este cambio normativo actualiza las condiciones técnicas y administrativas del proceso para la certificación energética de los edificios y responde a la adecuación de la normativa española a las nuevas necesidades y retos adquiridos para alcanzar el objetivo de descarbonización a 2050.

El Certificado de Eficiencia Energética recoge la información más relevante sobre la situación energética de cada inmueble y desempeña un papel estratégico en la mejora de la calidad de la información energética y la valoración de su rendimiento, elementos clave para evaluar la toma de decisiones que afecten al edificio.

Este Real Decreto regula la metodología y definiciones técnicas para el cálculo de la calificación energética, así como la documentación exigible para tramitar la certificación energética de los edificios. Además, fija el contenido mínimo del Certificado de Eficiencia Energética y las condiciones para obtener la etiqueta de eficiencia energética de los edificios.

La norma, que adapta la certificación energética a la normativa europea mediante la transposición parcial de la Directiva 2018/844, actualiza las obligaciones de los promotores y los propietarios de edificios en cuanto a las características técnicas que deben cumplir los inmuebles en materia de certificación energética, tanto en relación con los proyectos de edificación como con las obras terminadas.

MAYOR EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTROL

El Real Decreto promueve la activación de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece como objetivo a 2030 la rehabilitación de 1.200.000 viviendas reduciendo la dependencia energética y las emisiones de los edificios.

Al mismo tiempo, este cambio normativo será clave para la promoción y puesta en marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, a través de las actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda, regeneración urbana y modernización de la Administración Pública contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La aprobación de esta norma también tiene el objetivo de mejorar la transparencia en la información a compradores y usuarios mediante el Certificado de Eficiencia Energética de edificios y el nuevo Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética, que recogerá la información remitida por las comunidades autónomas en esta materia.

De igual manera, se incorporan mejoras en aspectos de digitalización y acceso de la información relativa a la energía edificatoria, dinamizando y permitiendo impulsar las actuaciones de rehabilitación energética de los edificios.

Asimismo, este Real Decreto actualizará los mecanismos de seguimiento y control por parte de las administraciones públicas, agentes del sector y usuarios, a través de la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA

La aprobación de este Real Decreto amplía el parque de edificios obligados a disponer de una certificación de eficiencia energética. De esta manera, aquellas construcciones con una superficie útil total superior a 500 m y destinadas a un uso administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, logístico, hostelero o deportivo deberán tener su Certificado de Eficiencia Energética.

Lo mismo ocurre con los edificios ocupados por una administración pública con una superficie útil total superior a 250 m2, independientemente de la frecuencia y afluencia de público en el mismo. Se trata de una medida que supera los mínimos exigidos a nivel comunitario, en línea con el compromiso de la Administración Pública con la eficiencia energética de los edificios.

A su vez, aquellos inmuebles que deban pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio (ITE) y rehabilitaciones energéticas en los próximos años también estarán obligados a disponer de esta certificación de eficiencia energética.

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS           

La aplicación del Real Decreto regula las visitas presenciales de los técnicos competentes, que deberán revisar al menos una vez cada edificio para verificar las condiciones de eficiencia energética para emitir el certificado.

La nueva norma distingue entre certificación de eficiencia energética de proyecto y de obra terminada, al tiempo que reduce de 10 años a 5 años el periodo de validez de los certificados de peor calificación energética. Además, se establece también la obligación, tanto de particulares como de empresas, de mostrar la calificación energética en la publicidad de alquiler o venta de los edificios.

Documentos

Agilización de la acreditación de competencias profesionales

El Gobierno ha acordado abrir un procedimiento de carácter permanente para evaluar y acreditar las competencias profesionales que una persona haya adquirido a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

La portavoz ha recordado que casi la mitad de la población activa española no tiene un reconocimiento formal de sus competencias profesionales, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario. En los últimos 10 años, ha añadido, solo se acreditaron las de 300.000 trabajadores.

Con la medida impulsada hoy, el Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé acreditar las competencias de más de tres millones de personas hasta 2024. Cualquier persona podrá solicitar su acreditación siempre y cuando justifique al menos tres años de trabajo en la competencia que quiere acreditar o un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los 15 años previos a la presentación de la solicitud.

Montero ha subrayado que el sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda obtener el título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad referido a las unidades de competencias reconocidas.

Hacienda aprueba la Orden que establece el fraccionamiento en seis meses del pago del IRPF para afectados por ERTE en 2020

Miércoles 7 de abril de 2021

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una Orden del Ministerio de Hacienda que permite que los contribuyentes afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) puedan fraccionar el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta orden, que entra en vigor hoy mismo, permitirá el fraccionamiento en seis meses del pago de la deuda tributaria derivada de la presentación de la Declaración de la Renta correspondiente al pasado ejercicio, en el caso de que ésta resulte a ingresar, tanto en los casos de tributación individual como conjunta.

Este fraccionamiento, que tiene un carácter voluntario, pretende minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos.

De manera habitual, todos los contribuyentes a los que su declaración les sale a pagar tienen dos plazos para hacerlo: el primero, al finalizar la campaña de Renta, y el segundo, en noviembre. Con esta medida se introduce una mayor flexibilidad para poder hacer frente a sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

De esta forma, el pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en seis fracciones, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. No se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía.

La Orden ministerial se publica el mismo día en el que arranca la Campaña de Renta 2020, que comienza este 7 de abril y se prolonga hasta el 30 de junio de 2021.

Medidas tributarias para atenuar el impacto de la pandemia

El Gobierno adopta esta medida extraordinaria ante la situación también excepcional generada por la pandemia. En cualquier caso, hay que recordar que el hecho de tener dos o más pagadores puede afectar al resultado de la declaración anual del impuesto en función de las retenciones practicadas, pero en ningún caso implica que se tribute más por IRPF.

La posibilidad de fraccionar el pago del IRPF se une a otras iniciativas similares adoptadas a lo largo del último año para atenuar en el ámbito tributario el impacto de la pandemia. Estas medidas benefician especialmente a los grupos más vulnerables de la economía, como pymes y autónomos, y también a sectores particularmente castigados por la COVID-19, como el sector turístico, la hostelería y el comercio.

Los agentes sociales ratifican el acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género propuesto por el Ministerio de Inclusión

Martes 16 de febrero de 2021

El nuevo complemento supone un pago de casi 400 euros al año por hijo y podrán solicitarlo tanto hombres como mujeres. Se trata del primer acuerdo consensuado en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con los líderes de los agentes sociales: los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Por parte del Ministerio de Inclusión, han acudido a la cita el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela Armesto.

Antes de la reunión, los interlocutores sociales han ratificado el acuerdo sobre el nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero. El ministro Escrivá ha subrayado la importancia de este consenso ya que «ha sido el primer acuerdo en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado otoño», siguiendo lo indicado por la recomendación número 17.

El nuevo complemento parte de la necesidad de hacer de ésta una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres y sustituye al anterior complemento de maternidad que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015, que establecía un suplemento sólo para las mujeres a partir del segundo hijo. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019, asunto WA).

El complemento para reducir la brecha de género supondrá una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero (hasta un máximo de cuatro). La cuantía se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones y no computa a efectos de complemento a mínimos ni como tope de la pensión. Además, se contempla que el beneficiario pueda ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo o hija. En el caso de no hacerlo, el complemento será para la mujer o para el progenitor con menor pensión si son del mismo sexo.

Tendrá un mayor alcance que el anterior complemento de maternidad, ya que se concederá a partir del primer hijo y no del segundo como sucedía antes. El ministro Escrivá ha explicado que esta ampliación «responde a los datos que tenemos en la Seguridad Social, que muestran cómo la brecha de género se abre con el nacimiento del primer hijo y se mantiene luego durante toda la vida laboral». La ampliación a partir del primer hijo eleva en unas 30.000 personas al año los potenciales perceptores del complemento para reducir la brecha de género.

También mejora el alcance respecto al complemento anterior, ya que se reconocerá en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo en la jubilación parcial.

El ministro Escrivá ha subrayado también que el nuevo complemento tendrá un mayor beneficio para las personas que perciben pensiones más bajas. De hecho, el 75% de las mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una cuantía más elevada de la que percibirían con la normativa anterior y la mejora es especialmente acentuada en las personas con pensiones más bajas.

Tras la ratificación del acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género, el ministro Escrivá ha mantenido una reunión con los agentes sociales en la que han comentado el calendario para llevar las recomendaciones sobre las pensiones del Pacto de Toledo a la mesa de diálogo social y posteriormente al Parlamento. El ministro ha puesto en valor el diálogo social en materia de pensiones, destacando la importancia de que el consenso logrado en el Congreso de los Diputados sobre las nuevas recomendaciones (que solo tuvieron dos votos en contra) se traslade también a la mesa con los interlocutores sociales.

Aprobada la Estrategia de Almacenamiento Energético, clave para garantizar la seguridad del suministro y precios más bajos de la energía

El desarrollo de esta tecnología respaldará el despliegue renovable, aportando flexibilidad al sistema y estabilidad a la red

La Estrategia contempla disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20 GW en 2030 y alcanzar los 30 GW en 2050, considerando tanto almacenamiento a gran escala como distribuido

El documento identifica y analiza los retos, define las medidas para su efectivo despliegue, evalúa las oportunidades y cuantifica las necesidades de almacenamiento para contribuir a la descarbonización del sistema energético

El despliegue del almacenamiento brinda oportunidades relativas a generación de empleo, transición justa, recuperación económica y creación de nuevos modelos de negocio a lo largo de toda la cadena de valor

Estas tecnologías tienen aplicación en sectores como el de la movilidad eléctrica, la edificación o la industria, y favorecen el desarrollo de nuevos modelos de negocio como los agregadores independientes o las comunidades de energías renovables, que impulsan el papel activo de los consumidores

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el 09/02/2021 la Estrategia de Almacenamiento Energético, que respaldará el despliegue de energías renovables y será clave para garantizar la seguridad, calidad, sostenibilidad y economía del suministro.

Los sistemas de almacenamiento energético son clave para garantizar la transición a una economía neutra en emisiones y la efectiva integración de las energías renovables en el sistema, ya que permiten guardar la energía en los momentos en que hay excedente para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso o la demanda es elevada.

“Esta Estrategia nos coloca al frente de lo que se está haciendo en Europa. España es una isla energética, lo que nos obliga a tener que adelantarnos para cumplir nuestro compromiso con la neutralidad climática”, ha señalado Ribera.

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El Gobierno aprueba un Real Decreto para mejorar la gestión de residuos de pilas y acumuladores y de aparatos eléctricos y electrónicos

19 de enero de 2021 –El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado en su reunión de hoy un Real Decreto para mejorar la gestión de residuos de pilas, acumuladores y de aparatos eléctricos y electrónicos. Este nuevo documento modifica dos textos previos: el Real Decreto sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos de 2008 y el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 2015.

El texto incorpora las modificaciones introducidas en 2018 en las Directivas comunitarias que regulan ambos flujos de residuos en los reales decretos correspondientes, en particular la obligación de hacer uso de instrumentos económicos para aplicar el principio de jerarquía en la gestión de estos residuos.

En cuanto a la normativa sobre residuos de pilas y acumuladores, el cambio más relevante que se introduce es que los residuos de las pilas y acumuladores que contengan sustancias como el litio o el níquel metal hidruro, tendrán una clasificación específica como residuo peligroso, garantizando que estos residuos se gestionen teniendo en cuenta esas características de peligrosidad.

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20210119_02 Gestión de residuos de pilas

El Gobierno destinará más de 1.500 millones al impulso del hidrógeno renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación

Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España

19/11/2020

  • El desarrollo del hidrógeno ‘verde’ es decisivo para alcanzar la neutralidad climática y será una palanca clave en la reactivación económica
  • Por sus recursos naturales y cadena de valor, España se posiciona para ser un país líder en el despliegue del hidrógeno renovable en la UE
  • El MITECO ha lanzado a través de su página web un Call for Interest –manifestación de interés– que permitirá identificar los proyectos asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde el I+D+i hasta su uso final

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha celebrado hoy la jornada: “El Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España”, para analizar las oportunidades que supone el desarrollo de esta tecnología, que será clave para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, incentivar la creación de cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, impulsar el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido.

El hidrógeno renovable es un instrumento necesario para la descarbonización de la economía, especialmente en aquellos sectores de difícil electrificación, donde no hay soluciones eficientes o técnicamente viables, así como en la descarbonización de los sistemas energéticos aislados, con especial atención a los territorios insulares.

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El MITECO ha puesto en marcha, desde el 1 de octubre, un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID 19

Medidas y cómo solicitarlas

06/11/2020

Desde el inicio de la pandemia, el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas de protección y acompañamiento para las familias, con especial atención a los más vulnerables

Con el objetivo de continuar ampliando estas medidas de acompañamiento, desde el pasado 1 de octubre rige un nuevo supuesto que amplía la condición de consumidor vulnerable

Está prohibido el corte de suministro a los beneficiarios del bono social en determinados supuestos, como es el caso de que haya menores, dependientes o personas con discapacidad en el hogar

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha, desde el 1 de octubre, un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID 19

 

«Este Gobierno cuenta ya con mecanismos que garantizan la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables. Haremos un esfuerzo por facilitar el reconocimiento de esa condición y poner a su alcance todos los elementos de protección», ha destacado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

 

Desde la declaración del Estado de Alarma hasta el 30 de septiembre se prohibieron los cortes de luz, gas y agua en todos los hogares, se extendió la prórroga del bono social eléctrico -un descuento directo en la factura de la electricidad dirigido a consumidores vulnerables- y se flexibilizó la gestión de los suministros

 

A partir del 1 de octubre, con el objeto de continuar ampliando estas medidas de acompañamiento y proteger a aquellas personas que como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 se encuentren en situación de vulnerabilidad, se crea un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y, con ello, dar acceso a estas personas al bono social eléctrico.

 

La principal novedad de este nuevo supuesto es que basta con una declaración responsable del titular para acceder a la prestación. Esto facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del bono social de forma inmediata.

 

La medida se prolongará hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, el Gobierno dispondrá de los datos de renta correspondientes a 2020 y no será necesaria la declaración responsable, pudiendo los usuarios acceder al bono social en los supuestos que ya existen.

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20.11.06 Protección consumidor