Arranca la Mesa de Diálogo Social que aborda el Estatuto del Becario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene que «estar en formación o en prácticas no quiere decir que podamos estar privados de derechos».

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha presidido la primera Mesa de Diálogo Social que aborda la elaboración del Estatuto del Becario en la que participan las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

La convocatoria de esta Mesa de Diálogo Social da cumplimiento al mandato establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, que preveía el inicio de los trabajos antes del 30 de junio de 2022.

Como explica la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz «arrancamos hoy los trabajos para conformar el Estatuto del Becario, un hecho muy importante en nuestro país dado que nunca nadie ha otorgado un catálogo de derechos a las personas becarias. Hoy en la Mesa hemos hecho un planteamiento general sobre las líneas que va a seguir la propuesta del Gobierno y pedido a las organizaciones que nos trasladen sus planteamientos. Es clave seguir avanzando en derechos para las personas más jóvenes y acabar con la formación low cost».

El objetivo de la Mesa es elaborar una norma que garantice la protección de los derechos que les correspondan a las personas que realizan prácticas no laborales, tanto en empresas como en instituciones, evitando así la precariedad y atajando los eventuales abusos en la contratación bajo la fórmula de los falsos becarios.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social también mantendrá encuentros para escuchar las aportaciones y demandas de los colectivos de jóvenes y del académico y universitario implicados en esta reforma.

Se trata de llevar a cabo una regulación sistemática y ordenada de todas las prácticas no laborales que se realicen en las empresas en la que se establezca un catálogo de derechos para las personas beneficiarias, se garantice adecuadamente su finalidad formativa, su debida tutorización y su desarrollo.

La recientemente aprobada Reforma Laboral ha mejorado sensiblemente el abanico de posibilidades en materia de contratos formativos para dar respuestas a las necesidades de formación de las personas y de las empresas.

Labor de la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha venido intensificando sus actuaciones en materia de becarios y prácticas no laborales con el fin de comprobar la relación existente entre estas personas que realizan prácticas no laborales en una empresa y dichas empresas.

Desde el año 2020 hasta marzo de este año, la labor inspectora ha permitido que aflorasen 3.164 empleos que desempeñaban falsos becarios.

De esta manera se evita el uso fraudulento de la figura del becario y se restituyen, al mismo tiempo, las cantidades adeudadas en materia de cotizaciones sociales.

Reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Recuperación

El Gobierno acuerda con los agentes sociales intensificar las reuniones de la Mesa del Diálogo Social del Plan de Recuperación e impulsar un plan específico de formación y recualificación de trabajadores

Lunes 10 de enero de 2022

El Gobierno ha mantenido una nueva reunión con los agentes sociales para impulsar la ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el encuentro, en el que todas las partes han manifestado una actitud constructiva, se han abordado los avances registrados en las semanas finales de 2021 en términos de inversiones y reformas, así como el lanzamiento de los proyectos estratégicos o PERTEs. También se han detallado las prioridades para el primer semestre de este año, poniendo el acento en el logro de la velocidad de crucero en las inversiones y los proyectos estratégicos, y la culminación de las principales reformas.

Se ha acordado intensificar las reuniones de la Mesa de Diálogo e impulsar un plan específico de formación y recualificación de trabajadores, con el fin de apoyar la creación de empleo de calidad gracias a las inversiones del Plan de Recuperación.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido la reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la que han asistido los ministros del área económica: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el ministro de Universidades, Joan Subirats; el Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha; los Presidentes de CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Virtualmente, ha asistido el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García.

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Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo en la gran reforma estructural del mercado de trabajo

Jueves 23 de diciembre de 2021

El Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, han alcanzado un acuerdo en la gran reforma estructural del mercado de trabajo en España, fruto de la Mesa de Diálogo Social que retomó sus trabajos el día 17 de marzo de 2021.

Según La Moncloa se trata de un acuerdo histórico en materia de relaciones laborales que homologa el mercado de trabajo español al europeo.

La reforma aborda los principales problemas del mercado de trabajo español, singularmente la temporalidad, con la simplificación de los contratos retomando la causalidad, incrementando las sanciones a su uso irregular y fomentando la estabilidad en el empleo. Además, se establece un cambio de paradigma en la formación para trabajadores y trabajadoras, impulsando la contratación formativa, inspirándose en el modelo dual alemán y garantizando su coordinación con el sistema de Formación Profesional y con los estudios universitarios, dando nuevas oportunidades a nuestros jóvenes.

Se recupera la ultraactividad indefinida y se acaba con la prioridad de convenio de empresa en material salarial para acabar con el mecanismo de devaluación salarial instaurado por la Reforma del RDL 3/2012, garantizando los derechos de las personas subcontratadas.

El pacto alcanzado permitirá restablecer el equilibrio en las relaciones laborales en nuestro país y propiciará una recuperación económica más justa e inclusiva.

La norma propiciará instrumentos eficaces para proteger a las personas trabajadoras y dotar al tejido productivo de herramientas para mantener el empleo respetando los derechos laborales y de nuevos mecanismos como el ERTE de forma estructural que incorpora un mecanismo RED para hacer frente a las crisis cíclicas o sectoriales con flexibilidad interna negociada, formación y recualificación de los trabajadores y evitando los despidos.

Todas las partes presentes en la Mesa de Diálogo Social han negociado sin escatimar en esfuerzos para llegar a una respuesta conjunta que permitiese dotar las relaciones laborales de un nuevo marco jurídicamente seguro, avanzado, que nos aproxima a Europa y con vocación de perdurar en el tiempo y de continuar trabajando para mejorar nuestro país.

Esta reforma cumple así con una de las principales reformas acordadas con la Comisión Europea, en el componente 23 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta misma fecha CEOE y CEPYME publican el siguiente Comunicado,

Los órganos de gobierno de CEOE y CEPYME, reunidos hoy (23/12/2021) en Madrid, han dado su visto bueno a las líneas generales del acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social para la modernización del mercado laboral, a la espera del texto definitivo.

Los agentes sociales ratifican el acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género propuesto por el Ministerio de Inclusión

Martes 16 de febrero de 2021

El nuevo complemento supone un pago de casi 400 euros al año por hijo y podrán solicitarlo tanto hombres como mujeres. Se trata del primer acuerdo consensuado en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha reunido con los líderes de los agentes sociales: los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Por parte del Ministerio de Inclusión, han acudido a la cita el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela Armesto.

Antes de la reunión, los interlocutores sociales han ratificado el acuerdo sobre el nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero. El ministro Escrivá ha subrayado la importancia de este consenso ya que «ha sido el primer acuerdo en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado otoño», siguiendo lo indicado por la recomendación número 17.

El nuevo complemento parte de la necesidad de hacer de ésta una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres y sustituye al anterior complemento de maternidad que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015, que establecía un suplemento sólo para las mujeres a partir del segundo hijo. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019, asunto WA).

El complemento para reducir la brecha de género supondrá una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero (hasta un máximo de cuatro). La cuantía se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones y no computa a efectos de complemento a mínimos ni como tope de la pensión. Además, se contempla que el beneficiario pueda ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo o hija. En el caso de no hacerlo, el complemento será para la mujer o para el progenitor con menor pensión si son del mismo sexo.

Tendrá un mayor alcance que el anterior complemento de maternidad, ya que se concederá a partir del primer hijo y no del segundo como sucedía antes. El ministro Escrivá ha explicado que esta ampliación «responde a los datos que tenemos en la Seguridad Social, que muestran cómo la brecha de género se abre con el nacimiento del primer hijo y se mantiene luego durante toda la vida laboral». La ampliación a partir del primer hijo eleva en unas 30.000 personas al año los potenciales perceptores del complemento para reducir la brecha de género.

También mejora el alcance respecto al complemento anterior, ya que se reconocerá en todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo en la jubilación parcial.

El ministro Escrivá ha subrayado también que el nuevo complemento tendrá un mayor beneficio para las personas que perciben pensiones más bajas. De hecho, el 75% de las mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una cuantía más elevada de la que percibirían con la normativa anterior y la mejora es especialmente acentuada en las personas con pensiones más bajas.

Tras la ratificación del acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género, el ministro Escrivá ha mantenido una reunión con los agentes sociales en la que han comentado el calendario para llevar las recomendaciones sobre las pensiones del Pacto de Toledo a la mesa de diálogo social y posteriormente al Parlamento. El ministro ha puesto en valor el diálogo social en materia de pensiones, destacando la importancia de que el consenso logrado en el Congreso de los Diputados sobre las nuevas recomendaciones (que solo tuvieron dos votos en contra) se traslade también a la mesa con los interlocutores sociales.