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DIRECTIVAS Y REGLAMENTO EUROPEOS
Reglamento sobre diseño ecológico: el Consejo adopta su posición
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‘Fit for 55’: el Consejo adopta leyes clave que cumplen los objetivos climáticos para 2030
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El Consejo da luz verde definitiva a la legislación que hará que los productos sean más seguros para los consumidores
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¡Ya salió la edición de abril de REHVA Journal!
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Ley de la Industria Net-Zero de la UE: impulsar la fabricación de tecnologías limpias
La Comisión Europea ha propuesto la Ley de Industria Net-Zero como parte del Plan Industrial del Pacto Verde para ampliar la fabricación de tecnologías limpias en la Unión Europea (UE) y facilitar la transición a la energía limpia.
La legislación propuesta se centra en las tecnologías que contribuirán significativamente a la descarbonización y tiene como objetivo crear mejores condiciones para establecer proyectos de cero emisiones netas en Europa y atraer inversiones. Estas tecnologías comprenden la generación de energía solar utilizando métodos fotovoltaicos y térmicos, parques eólicos terrestres y fuentes de energía renovables en alta mar, baterías de almacenamiento, bombas de calor y energía geotérmica, pilas de combustible y electrolizadores, biogás y biometano, captura y almacenamiento de carbono, tecnologías de red, tecnologías de combustibles alternativos sostenibles, técnicas avanzadas para producir energía utilizando procesos nucleares que minimizan los desechos del ciclo del combustible, pequeños reactores modulares, y combustibles de calidad superior relacionados con ellos.
La Ley reforzará la resiliencia y la competitividad de la fabricación de tecnologías netas cero en la UE y creará mejores condiciones o proyectos de cero emisiones netas en Europa, con el objetivo de alcanzar el 40 % de las necesidades de despliegue de la Unión para 2030. Para lograr este objetivo, la industria de la calefacción y la refrigeración tendrá que hacer una transición rápida a tecnologías bajas en carbono, como bombas de calor, energía solar térmica y calefacción urbana.
La Ley se basa en varios pilares, incluido el establecimiento de condiciones propicias, la aceleración de la captura de CO2, la facilitación del acceso a los mercados, la mejora de las habilidades y el fomento de la innovación.
El Reglamento propuesto debe ser debatido y acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.
Obtenga más información aquí sobre la Ley de la Industria Net-Zero.
Obtenga más información sobre el Plan Industrial Green Deal.
Canal de denuncias: Ley 2/2023 de protección de las personas informantes y lucha contra la corrupción
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023. Con ella se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblowing.
El objetivo fundamental de la Ley es facilitar la comunicación de infracciones, mediante la obligación para las empresas con una determinada plantilla de implantar un sistema de información de infracciones y la garantía de la protección de los informantes de infracciones normativas.
Con esta ley se pretende amparar a los ciudadanos que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Por tanto, se prohíben las represalias contra el denunciante y se protege.
Estarán obligados a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley, entre otros sujetos, las personas jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores. También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Las empresas deberán dar publicidad, visibilidad y accesibilidad máximas a ese sistema interno de información.
El plazo para la implantación del sistema para las empresas de más de 249 trabajadores es de 3 meses desde el 13 de marzo, hasta el 13 de junio; y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes.
Se establece un régimen sancionador con multas que van desde los 1.000e hasta el 1.000.000€, además de la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante el plazo máximo de 4 años, o la prohibición de contratar con el sector público durante el plazo máximo de 3 años.
El Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo provisional sobre la directiva sobre energías renovables
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El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo sobre la directiva de eficiencia energética
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