La CEC acerca a las empresas coruñesas las nuevas obligaciones relativas a la implementación de canales de denuncia internos

La CEC acerca a las empresas coruñesas las nuevas obligaciones relativas a la implementación de canales de denuncia internos

  • La Confederación de Empresarios de La Coruña ha celebrado una jornada online para abordar las novedades que introduce la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

  •  No disponer de un canal de denuncias interno puede ser sancionado a partir del 13 de junio de 2023, para las empresas de 250 o más empleados, y del 1 de diciembre, para las empresas entre 50 y 249 empleados

  •  La jornada, organizada en colaboración con la consultoría MatErh, también trató sobre las novedades normativas que afectan a los Programas de Compliance y su importancia creciente en el mercado y en el acceso a subvenciones

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) ha celebrado esta mañana una jornada online para analizar las nuevas obligaciones de las empresas y organizaciones empresariales en materia de Canales de Denuncias, así como las novedades normativas que afectan a los Programas de Compliance. En este evento participaron Marina Graña, secretaria general de la CEC, y Laura Casal, directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh, entidad que colaboró en la organización de esta sesión informativa.

El objetivo de la CEC con estas jornadas es mantener informado al empresariado coruñés de todas aquellas novedades y cuestiones que afectan a su actividad, con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos normativos de manera satisfactoria y evitar sanciones.

 Obligación de establecer Canales de Denuncias a partir de 50 empleados

Con la aprobación de la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas de 50 o más empleados y las organizaciones empresariales que reciban o gestionen fondos públicos están obligadas a implementar Canales de Denuncias.

Según expuso la directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh, Laura Casal, “esta Ley tiene como objetivo proteger a todas las personas que denuncien cualquier infracción penal, administrativa grave o muy grave, de seguridad y salud laboral y del Derecho de la Unión Europea, mediante el establecimiento de estos Sistemas Internos de Información protegidos y la prohibición de cualquier represalia contra ellos”. En este sentido, recordó que “no disponer de un canal de denuncias interno puede ser sancionado con multas de hasta 1 millón euros a partir del 13 de junio de 2023, para las empresas de 250 o más empleados, y del 1 de diciembre, para las empresas entre 50 y 249 empleados”.

Programas de Compliance

En su intervención, Laura Casal destacó también la creciente importancia que tiene para las empresas y organizaciones empresariales contar con un “Programa de Compliance”. “Estos Programas de Prevención de Delitos Corporativos son modelos de control y gestión que las personas jurídicas implementan con el fin de prevenir, detectar y corregir posibles riesgos penales”, explicó.

“En la actualidad es preceptivo contar con este tipo de Programas para acceder a determinadas subvenciones o ayudas públicas financiadas con Fondos Europeos Next Generation”, detalló Casal, que también indicó que “se está incluyendo su tenencia en la contratación con entidades y organizaciones del sector público o en procesos privados de homologación/evaluación de proveedores y clientes”.

Además, en la jornada se abordaron las novedades normativas que afectan a los planes de Compliance como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, en materia de maltrato animal. Estas nuevas normas implican “la incorporación de los delitos de acoso moral, acoso sexual y los delitos contra los animales al catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas (empresas y organizaciones), obligando a actualizar los Programas de Compliance”, según detalló la directora de Consultoría de Riesgos de MatErh.

Jornada online «Nuevas obligaciones para las empresas en materia de CANAL DE DENUNCIAS Y COMPLIANCE» 25 de abril

Os invitamos a participar en la jornada online que hemos organizado en colaboración con la Consultoría MatErh sobre las “Nuevas obligaciones para las empresas en materia de CANAL DE DENUNCIAS Y COMPLIANCE” para el día 25 de abril, martes, a las 9.30 horas.

PROGRAMA:

  • Se expondrán las nuevas obligaciones de las empresas y organizaciones empresariales en cuanto a la implementación de CANALES DE DENUNCIAS internos, según lo dispuesto en la nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

El incumplimiento de esta Ley implica un riesgo de multa de hasta 1 millón de euros y la presentación de posibles denuncias ante la autoridad competente en materia de protección al informante.

  • Se explicarán las novedades normativas afectas a los PROGRAMAS DE COMPLIANCE, como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual y la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, en materia de maltrato animal.

Además, se comentará su creciente importancia en el mercado, especialmente para acceder a subvenciones o contratos financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

  • Soluciones de MatErhCanal Ético de Denuncias Online y asesoramiento en el diseño e implementación/actualización de la Política para la gestión de las denuncias internas y de un Programa de Compliance Penal.
  • Coloquio y cierre de jornada

PONENTE:

LAURA CASAL – Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh

Si estáis interesados/as en asistir, podéis inscribiros a través del siguiente enlace:

Inscripción online ]

Canal de denuncias: Ley 2/2023 de protección de las personas informantes y lucha contra la corrupción

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023. Con ella se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, conocida como Directiva Whistleblowing.

El objetivo fundamental de la Ley es facilitar la comunicación de infracciones, mediante la obligación para las empresas con una determinada plantilla de implantar un sistema de información de infracciones y la garantía de la protección de los informantes de infracciones normativas.

Con esta ley se pretende amparar a los ciudadanos que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Por tanto, se prohíben las represalias contra el denunciante y se protege.

Estarán obligados a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley, entre otros sujetos, las personas jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores. También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Las empresas deberán dar publicidad, visibilidad y accesibilidad máximas a ese sistema interno de información.

El plazo para la implantación del sistema para las empresas de más de 249 trabajadores es de 3 meses desde el 13 de marzo, hasta el 13 de junio; y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Se establece un régimen sancionador con multas que van desde los 1.000e hasta el 1.000.000€, además de la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante el plazo máximo de 4 años, o la prohibición de contratar con el sector público durante el plazo máximo de 3 años.

Obligaciones para los comerciantes (envasadores) derivadas del Real Decreto de envases y residuos de envases

Obligaciones para los comerciantes que introducen envases de servicio y comerciales en el mercado

Este año se ha publicado el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases que supone cambios importantes para los comerciantes que introducen envases de servicio y comerciales en el mercado.

Los envases comerciales son aquellos destinados al uso y el consumo propio del ejercicio de la actividad comercial, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.

Los envases de servicio son aquellos diseñados y destinados a ser llenados en el punto de venta.

Esta nueva normativa traspasa la responsabilidad de gestionar estos residuos de envases, que hasta ahora recaía en el poseedor final, al comerciante.

Este cambio en la responsabilidad de la gestión de los residuos de envases está motivado por la aplicación del concepto de la responsabilidad ampliada del productor y genera las siguientes obligaciones a los comerciantes:

1.    Financiar y organizar la recogida y el tratamiento de los residuos de envases que ponen en el mercado. Para hacerlo, pueden optar entre un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor (SIRAP) o un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), y

2.    Inscribirse en el Registro de Productores de Producto (sección de envases), antes del 29 de marzo de este año.

No obstante, la normativa también contempla que los comerciantes tienen la posibilidad de llegar a acuerdos voluntarios con los fabricantes o proveedores de estos envases, para que sean estos quienes asuman todas las obligaciones, siempre que los envases introducidos en el mercado no superen las 50 toneladas anuales de peso.

Fuente: PIMEC

Jornada online sobre el Análisis sobre la situación de la facturación electrónica tras la aprobación de la Ley Crea Crece y la Ley Antifraude | 30 de marzo

Os invitamos a participar en la jornada online que hemos organizado en colaboración con la Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (INEO) y la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (CONETIC), de «Análisis sobre la situación de la facturación electrónica tras la aprobación de la Ley Crea Crece y la Ley Antifraude«, para el próximo jueves 30 de marzo a las 9:30 horas.

Apertura

Antonio Fontenla Ramil – Presidente CEC
Tomás Castro Alonso – Presidente CONETIC

  • Contexto normativo: Ley Crea Crece y la Ley Antifraude
  • ¿Dónde estamos y dónde parece que nos quieren llevar?
  • Visión europea, normativa y horizonte temporal para su aplicación
  • Visión y propuesta defendida por CONETIC. Caso de aplicación de Italia
  • Coloquio y cierre

Coloquio y cierre de jornada

Si estáis interesados/as en asistir, podéis inscribiros a través del siguiente enlace:

Inscripción online ]

En colaboración con:

CEC Jornada presencial sobre las Novedades Fiscales 2023 | 7 de marzo

Jornada organizada en colaboración con la consultora Deloitte sobre las Novedades Fiscales 2023,  para el próximo día 7 de marzo, martes, y que celebraremos en la sede social de esta Confederación de Empresarios

 

Agenda

9:30 h
Bienvenida. Antonio Fontenla Ramil, presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña

9.35 h

  •  Principales novedades fiscales 2023: Ley de Presupuestos Generales del Estado. Otras novedades legislativas relevantes en el ámbito tributario

10:35 h

  • Impuesto sobre los Envases de Plástico de un solo uso

PONENTES

Luis E. Rodríguez, socio de Deloitte Legal, responsable de Procedimiento Tributario.
Antía López, Deloitte Legal

Coloquio y cierre de jornada

Si estás interesado,a (Asociados)  en asistir, confírmalo  a través del siguiente enlace:

 

[ INSCRIPCIÓN ONLINE ]

La CEC acerca a las empresas las prioridades de la inspección de trabajo en 2023 y aspectos de interés en jurisprudencia laboral

  • La Confederación de Empresarios de La Coruña ha celebrado el pasado día 10 un desayuno informativo para abordar los principales puntos de atención en la vigilancia de la ITSS, con especial foco en los posibles fraudes en la contratación a raíz de la reforma laboral, el control del tiempo de trabajo, la lucha contra la siniestralidad y el fraude a la Seguridad Social

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) ha celebrado un desayuno informativo para acercar a las empresas las prioridades de actuación de la inspección de Trabajo en este 2023, así como otros aspectos legislativos y de jurisprudencia en materia laboral. En el Foro, que se enmarca en el Diálogo Social de Galicia y que ha reunido a una treintena de firmas de la provincia, han participado el presidente de la CEC, Antonio Fontenla; el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Demetrio Fernández; y los asesores jurídico-laborales de la CEC, Beatriz Regos y Abel López Carballeda.

En la apertura de la Jornada, el presidente de la Confederación coruñesa señaló la labor de la CEC en la divulgación entre las empresas de su demarcación de toda la información posible para el desarrollo de su actividad en las mejores condiciones, tanto en materia laboral como en otros campos de la gestión. En este sentido, “la producción normativa actual en materia laboral nos obliga a las empresas a conocer no sólo la letra de la ley, sino también esa letra pequeña que aplican los Juzgados en su interpretación y posteriormente la Inspección de Trabajo en su actividad de vigilancia”, señaló.

“Periódicamente se nos informa en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Galicia, en la que nuestra Confederación está representada, sobre la planificación de actuaciones que la Inspección tiene previsto desarrollar en los diferentes campos de actuación del empleo y las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, la seguridad social o la economía irregular, así como las campañas en los diferentes sectores y subsectores de nuestra economía, y creemos de gran interés que nuestras empresas conozcan esas prioridades de actuación”, explicó.

En su intervención, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detalló que en la planificación de la ITSS para 2023 prevé como objetivo un total de 41.068 órdenes de servicio, un 7% más que el año pasado, de las cuales el 71% están previamente programadas. Entre las prioridades que centrarán las campañas de inspección, Demetrio Fernández puso el foco en cuatro puntos esenciales: la lucha contra la siniestralidad, el fraude en la contratación a raíz de la reforma laboral, el control del tiempo de trabajo y las actuaciones en materia de fraude a la Seguridad Social.

El director territorial de la ITSS, desgranó las actuaciones previstas en cuatro áreas. En materia de prevención de riesgos, en la que se prevé el mayor volumen de servicios en este 2023, en total 9.033, la Inspección centrará el mayor volumen de actuaciones en el sector de la construcción (1.600) y realizará campañas específicamente dirigidas a los sectores del mar y agrario. También se prevén campañas centradas en los trastornos músculo-esqueléticos, los riesgos psicosociales, el trabajo de menores, la exposición de riesgos ambientales, la prevención de riesgos laborales con enfoque de género y la prevención de riesgos laborales en la contratación temporal. Asimismo, se hará inspección completa de todos los aspectos de riesgos laborales en empresas con un índice de siniestralidad mayor que la media. Además, se prevén 1.700 actuaciones para apertura de nuevos centros de trabajo, y suben las inspecciones a realizar tras accidentes laborales calificados como leves.

En materia laboral, la ITSS se centrará en 5 ítems: el fraude en la contratación en relación con el cambio de paradigma que implica la reforma laboral, que centrará la mayoría de las actuaciones; el control de la jornada; el cumplimiento salarial; el control de las empresas subcontratistas; y en materia de igualdad, sobre todo en lo relativo a la obligación de los planes de igualdad y la igualdad retributiva.

En el control del fraude a la Seguridad Social, las actuaciones contemplan con especial atención el control de las dietas, las infracotizaciones, los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, y el empleo irregular.

Por su parte, Beatriz Regos y Abel López Carballeda, abogados del despacho Regos & Carballeda, analizaron aspectos relevantes que ha introducido la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (Ley 15/2022), que tiene entre sus ámbitos objetivos de aplicación el del empleo, en lo relativo al acceso al mismo, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción profesional y la formación.

Asimismo, en la jornada se abordó jurisprudencia en materia laboral, con el análisis de sentencias relevantes del 2022 en este ámbito.

CEC: Calendario Laboral 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre), en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2001/1983, del 28 de julio, y en el Decreto 139/2022, del 21 de julio, por el que se determina el calendario laboral para el año 2023 en la Comunidad Autónoma de Galicia, se ha elaborado para la provincia de A Coruña el siguiente CALENDARIO LABORAL.

Para poder visualizarlo será necesaria una constraseña que se le facilitará a las empresas y asociaciones integradas a la CEC.

Calendario Laboral 2023 en Castellano [Descargar]

Calendario Laboral 2023 en Gallego [Descargar]

Impuesto sobre el Valor Añadido: modelos 303, 322 y 390

Se ha publicado la Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, que tiene por objeto adaptar los modelos 303, 322 y 390 a los cambios en materia de tipos impositivos introducidos en la Ley del IVA por la disposición final tercera de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y por el artículo 18 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

Entrará en vigor el día 1 de enero de 2023 y se aplicará por primera vez a las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303 y 322, correspondientes a los periodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de enero de 2023 y a la declaración-resumen anual, modelo 390, correspondiente al ejercicio 2022.