Contra la morosidad 2017

Desde nuestra Confederación Nacional CONAIF seguimos  trabajando en la dirección de reducir la morosidad y que los pagos de las administraciones públicas y empresas lleguen a producirse en los plazos estipulados en la Ley de Morosidad.  Dicha labor se realiza desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a la que pertenece CONAIF y en la que participa activamente y es una de las entidades fundadoras.

Según el último informe de la PMcM en el 2016 se redujo el plazo medio de pago tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%) pasando, respectivamente de 75 a 71 días y de 85 a 77, aunque siguen estando alejados de los 30 y 60 días que se establecen en la ley.

El pasado 20 de Abril se celebró en Madrid la IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad, en la que se ha conseguido un gran pacto con los partidos y los grupos del arco parlamentario para poner ya en marcha un régimen sancionador para multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley.

A la Cumbre han asistido varios miembros de CONAIF en representación de nuestro colectivo y han participado también los presidentes de Ciudadanos (Albert Rivera) y de Podemos (Pablo Iglesias) además de más de una decena de portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios y del presidente de la PMcM Antoni Cañete, quién transmitió que, en su opinión, «la Cumbre ha sido un escenario perfecto para el debate y los compromisos con la sociedad civil», después de que hacía unas semanas el Congreso de Diputados aprobara, con el voto favorable del 99,9% de la Cámara una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad. El texto también incluía que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada de que pagan a las empresas subcontratadas en el plazo que establece la ley (60 Días).

La Ley de Contratos del Sector Público que se estaba tramitando en ese momento y cuyo texto se ha aprobado por la Comisión de Hacienda y Función Pública con competencia legislativa plena y fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado día 10 de Agosto, ha sido el otro tema clave de la Cumbre, donde se alcanzó el compromiso de que no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor.

Antoni Cañete, en referencia a la ausencia de representación del gobierno, manifestó: «El mensaje es claro : el Gobierno hoy ha preferido estar en exclusiva al lado de los que cobran y no pagan, en vez de con los autónomos y pymes, esto es, con la mayoría de las empresas del país, que claman por tener justicia y que se les defienda delante de la tiranía de algunas grandes empresas”.